La Ley de Propiedad Horizontal refuerza las obligaciones de accesibilidad desde el 23 de octubre de 2026. La reforma rebaja al 70 % el porcentaje de ayudas públicas que puede hacer obligatoria la instalación.
Que la mayoría de los vecinos vote en contra de instalar un ascensor no significa que el proyecto tenga que abandonarse. La Ley de Propiedad Horizontal permite exigir obras de accesibilidad sin aprobación de la junta cuando concurren determinados requisitos. Además, la reforma introducida por la Ley 4/2026, en vigor desde el 23 de octubre, amplía las garantías para quienes necesitan eliminar barreras arquitectónicas. Esta normativa se aplica también a las comunidades de propietarios de Madrid, donde muchos edificios antiguos carecen de ascensor.
Cuándo es obligatorio instalar un ascensor aunque los vecinos se nieguen
El artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal establece que determinadas obras de accesibilidad son obligatorias y no necesitan una votación previa. Entre ellas figuran las solicitadas por propietarios en cuyas viviendas o locales vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años. También contempla las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal. No obstante, deben cumplirse las condiciones económicas y técnicas aplicables.
La obligación existe, entre otros supuestos, cuando el coste anual repercutido, descontadas las subvenciones, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. La reforma de octubre de 2026 incorpora otra protección importante. Si las ayudas efectivamente concedidas cubren al menos el 70 % de la obra, su ejecución resulta obligatoria sin aplicar ese límite económico. Antes de la modificación, el porcentaje era del 75 %. Además, el solicitante puede aportar información sobre subvenciones disponibles y la comunidad queda obligada a solicitarlas.
Qué mayoría se necesita para aprobar el ascensor y quién paga los gastos
Cuando la instalación no sea directamente obligatoria, el artículo 17.2 permite aprobarla con el voto favorable de la mayoría de propietarios que represente, además, la mayoría de las cuotas de participación. No se exige unanimidad ni una mayoría de tres quintos. Una vez adoptado válidamente el acuerdo, todos los propietarios quedan obligados a contribuir, incluso si la derrama supera las doce mensualidades ordinarias. Ese límite tampoco impide ejecutar una actuación obligatoria cuando los solicitantes asumen el exceso previsto legalmente.
El reparto se realiza, con carácter general, conforme a las cuotas de participación o las reglas válidas aplicables a la comunidad. Vivir en un bajo o no utilizar el ascensor no exime automáticamente de pagar. Pueden existir excepciones derivadas de los estatutos o de acuerdos válidos, como ocurre con determinadas exenciones pactadas en derramas. La ley también permite distribuir el coste mediante financiación. Si la comunidad la solicita, el periodo de repercusión puede extenderse durante los años que permitan las opciones disponibles.
Cómo reclamar si la comunidad de vecinos rechaza instalar un ascensor
El primer paso consiste en presentar una solicitud escrita al presidente de la comunidad, preferiblemente por un medio que permita acreditar su recepción. Es recomendable acompañarla de documentación sobre la discapacidad o edad de la persona afectada, presupuestos e informes técnicos. Cualquier propietario puede pedir que el asunto se incluya en el orden del día de la siguiente junta. Además, una cuarta parte de los propietarios, o quienes representen al menos el 25 % de las cuotas, pueden solicitar una reunión.
Si existe una obligación legal y la comunidad continúa negándose, el afectado puede acudir a los tribunales para exigir la ejecución. La reforma de 2026 reconoce expresamente esta posibilidad en el artículo 10.1.b. Cuando exista un acuerdo comunitario contrario a la ley, también cabe estudiar su impugnación. El plazo general es de tres meses, ampliado a un año para acuerdos contrarios a la ley o los estatutos. Son procedimientos distintos, por lo que resulta aconsejable recibir asesoramiento jurídico antes de presentar la reclamación.
Qué ayudas existen en Madrid para instalar ascensores en edificios antiguos
En Madrid capital, el Ayuntamiento incluyó la instalación de ascensores entre las actuaciones subvencionables del Plan Rehabilita Madrid 2026, dotado con 50 millones de euros. La convocatoria se dirigía, entre otros beneficiarios, a comunidades de propietarios de edificios residenciales construidos antes de 1998, con requisitos adicionales. El plazo de solicitudes terminó el 30 de septiembre de 2026, por lo que no puede presentarse como una ayuda actualmente abierta. La Comunidad de Madrid también dispone de programas autonómicos de accesibilidad, cuyas convocatorias y condiciones deben consultarse por separado.
Antes de iniciar las obras, la comunidad necesita comprobar su viabilidad técnica y obtener el título urbanístico correspondiente. Dependiendo de la actuación y del municipio, puede ser necesaria una licencia o una declaración responsable. Un técnico deberá estudiar las posibles ubicaciones y la eliminación de barreras arquitectónicas, especialmente cuando haya que modificar zonas comunes o afectar espacios privativos. La obligación legal de mejorar la accesibilidad no permite prescindir de estos requisitos. Puedes encontrar más información de servicio y procedimientos vecinales en nuestra sección de trámites.
