Las primeras sentencias reconocen mayores compensaciones a propietarios de San Fernando de Henares que perdieron sus viviendas. Todavía quedan decenas de reclamaciones pendientes de resolver.
Las familias que perdieron sus casas por los daños de la línea 7B del Metro de Madrid están consiguiendo que la Justicia aumente sus indemnizaciones. Según la información publicada por El País el 28 de octubre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado varias resoluciones favorables a los propietarios de San Fernando de Henares. Los afectados calculan 702.252,47 euros adicionales en nueve sentencias, mientras que la Comunidad de Madrid reconoce incrementos de 675.585,32 euros en trece resoluciones.
Una pareja consigue casi 90.000 euros más de indemnización por su vivienda demolida
Uno de los fallos más destacados corresponde a una pareja que perdió su vivienda en la calle Rafael Alberti. La Comunidad de Madrid había reconocido inicialmente 272.443,02 euros por la pérdida del inmueble, el mobiliario y los daños morales. Sin embargo, el TSJM aumentó esa cantidad en 89.608,43 euros, hasta alcanzar los 362.051,45 euros. La resolución se conoció en mayo de 2026 y el Gobierno regional anunció que no tenía intención de recurrirla.
No es el único caso. La sentencia 475/2026, dictada el 1 de junio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, ordenó abonar otros 67.126,62 euros a dos propietarios afectados por la pérdida de una vivienda y un garaje. También estableció la actualización de la indemnización por daños morales, aunque rechazó otras reclamaciones. Esta resolución contemplaba la posibilidad de presentar un recurso de casación, sin que conste en las fuentes consultadas su firmeza.
Por qué el TSJM está aumentando las indemnizaciones de la línea 7B del Metro
Las diferencias económicas se encuentran principalmente en la valoración de los inmuebles y en los perjuicios sufridos por sus propietarios. En algunas sentencias, los magistrados han considerado más ajustadas las tasaciones aportadas por los vecinos que las utilizadas por la Administración. También han incrementado compensaciones por mobiliario y daños psicológicos. Para los afectados, estas valoraciones permiten obtener cantidades superiores a las reconocidas inicialmente.
El conflicto se tramita mediante la responsabilidad patrimonial de la Administración, regulada en los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015. Este mecanismo, que también se utiliza para reclamar daños por aceras rotas, exige acreditar el perjuicio y su relación con el funcionamiento de un servicio público. La Comunidad sostiene que los tribunales mantienen los conceptos indemnizables inicialmente reconocidos, aunque han corregido algunas valoraciones económicas.
Más de 200 vecinos desalojados y 73 viviendas derribadas en San Fernando de Henares
El origen del problema se remonta a la construcción de la línea 7B, inaugurada en 2007. Las alteraciones del subsuelo provocaron movimientos del terreno que terminaron afectando a numerosos edificios de San Fernando de Henares. Según los datos de la plataforma vecinal recogidos por El País, 217 personas fueron desalojadas y 73 viviendas tuvieron que demolerse. También resultaron afectados comercios, calles e instalaciones públicas.
En diciembre de 2022, la Comunidad de Madrid anunció una primera partida de más de siete millones de euros para indemnizar a los perjudicados. Posteriormente, en 2023, se introdujeron incrementos por daños morales. El último balance regional, publicado el 28 de octubre de 2026, sitúa en 15 millones el dinero abonado en indemnizaciones. Esta cifra no incluye los 171,2 millones destinados a rehabilitar la infraestructura y estabilizar el terreno. La línea recuperó el servicio en noviembre de 2025.
Qué ocurre ahora con las reclamaciones pendientes por los daños del Metro
Las resoluciones judiciales conocidas no ponen fin al conflicto. Según los datos publicados el 28 de octubre, otras 19 familias esperan sentencia y alrededor de una treintena preparan nuevas acciones judiciales. Los afectados confían en que las valoraciones favorables puedan servir de referencia para sus procedimientos. No obstante, las cantidades reconocidas a unos propietarios no se trasladan automáticamente a los demás. Cada reclamación depende de sus daños, las pruebas disponibles y la situación procesal del expediente.
Los propietarios con procedimientos pendientes deberán atender a las resoluciones y los plazos de su caso. Las tasaciones, los informes periciales y la documentación sobre los perjuicios sufridos pueden resultar determinantes. Para quienes necesiten otra alternativa residencial, existen vías diferentes, como la vivienda por especial necesidad, sujetas a sus propios requisitos. Su acceso no está garantizado por estas sentencias ni sustituye las indemnizaciones.
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