La Comunidad de Madrid quiere agilizar las medidas contra las faltas de respeto, las peleas y los conflictos escolares. La nueva regulación reforzará la capacidad de actuación de los docentes, aunque algunas de estas conductas ya pueden sancionarse.
Un insulto en mitad de una clase, una pelea entre alumnos o una publicación ofensiva contra un profesor en redes sociales. Son situaciones ante las que la Comunidad de Madrid quiere que los docentes puedan actuar con mayor rapidez, sin tener que esperar a que se completen trámites que retrasen las medidas disciplinarias. El Gobierno regional prepara un nuevo Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor, cuya entrada en vigor está prevista para el curso 2027/2028.
La iniciativa fue anunciada el 26 de octubre por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. El objetivo es reforzar la autoridad del profesorado y facilitar la intervención de los equipos directivos cuando se produzcan comportamientos que alteren la convivencia. Sin embargo, la reforma todavía no está aprobada y los centros deben seguir aplicando la normativa actualmente vigente.
Los profesores podrán responder con mayor rapidez a los insultos y faltas de respeto
El futuro decreto establecerá una nueva regulación de las faltas leves, graves y muy graves, así como de las medidas correctoras que correspondan a cada una. La Comunidad pretende simplificar los procedimientos para que los profesores puedan intervenir de manera más inmediata cuando los hechos y sus responsables estén claramente identificados.
La reforma también permitirá que los centros educativos incorporen determinadas faltas leves a sus normas internas, dentro del margen de autonomía reconocido por la legislación. Además, buscará facilitar la aplicación de la presunción de veracidad del profesorado, un principio que ya existe legalmente, pero cuyo ejercicio pretende reforzar el Ejecutivo regional.
Qué pueden hacer actualmente los profesores cuando un alumno les insulta
Los docentes madrileños ya cuentan con herramientas para corregir comportamientos contrarios a la convivencia. La Ley 2/2010, de Autoridad del Profesor reconoce a profesores y equipos directivos la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. También establece la presunción de veracidad de los hechos que documenten por escrito conforme a los requisitos legales.
Por su parte, el Decreto 32/2019 permite imponer amonestaciones, expulsar a un alumno de una sesión de clase con comparecencia ante jefatura de estudios o aplicar otras medidas proporcionales. Los insultos y faltas de respeto de especial gravedad hacia los profesores ya aparecen tipificados como faltas muy graves. Además, desde la reforma de 2020, las faltas graves pueden tramitarse por el procedimiento ordinario cuando los hechos y la autoría sean evidentes.
Por tanto, la novedad no consiste en permitir sancionar por primera vez a un alumno que insulta a su profesor, sino en revisar cómo se adoptan esas medidas y facilitar una respuesta más rápida.
Los insultos fuera del colegio y las publicaciones en redes también estarán regulados
Uno de los aspectos destacados del nuevo decreto será la regulación de las conductas que se produzcan fuera de las clases. La Comunidad quiere contemplar expresamente las actividades extraescolares, los servicios complementarios, el transporte escolar y los comportamientos que tengan lugar fuera de las instalaciones educativas o a través de redes sociales.
No obstante, esta posibilidad tampoco parte de cero. El actual Decreto 32/2019, publicado en el BOCM, ya permite corregir actuaciones realizadas fuera del recinto escolar cuando estén relacionadas con la vida académica y afecten a los derechos o a la seguridad de la comunidad educativa. También contempla como faltas graves determinadas difusiones de imágenes o informaciones perjudiciales y, como muy graves, la divulgación de agresiones o humillaciones.
Esto significa que una conducta en internet no queda automáticamente fuera de las normas del centro, pero tampoco que cualquier comentario realizado por un estudiante en su vida privada pueda ser sancionado. Deberá existir una vinculación con el ámbito escolar y respetarse los requisitos legales.
La medida se suma al debate sobre las restricciones al uso de móviles en los centros educativos madrileños, aunque ambas cuestiones tienen un alcance diferente.
Cuándo entrarán en vigor las nuevas normas de convivencia escolar
La Consejería de Educación pretende tramitar el nuevo decreto por la vía de urgencia, con la intención de que pueda aplicarse desde el curso 2027/2028. Este calendario permitirá que colegios e institutos adapten sus reglamentos internos y que profesores y equipos directivos reciban orientación y formación sobre los nuevos procedimientos.
Todavía no se han publicado las condiciones definitivas ni las medidas correctoras concretas que establecerá la reforma. En cualquier caso, agilizar una sanción no elimina las garantías del alumnado. La normativa vigente exige proporcionalidad, respeto al derecho de audiencia y comunicación de las decisiones a las familias cuando corresponda.
El anuncio coincide con un periodo de movilizaciones en la enseñanza pública madrileña. La huelga de profesores en Madrid continúa por reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y los recursos educativos, un conflicto diferente de esta reforma de convivencia.
Hasta que se apruebe y entre en vigor el nuevo decreto, los colegios e institutos deberán seguir aplicando las normas actuales. Las familias podrán consultar el plan de convivencia de sus centros para conocer qué comportamientos están considerados faltas y qué medidas pueden adoptarse ante ellos.
