El desahucio de Maricarmen, de 87 años, vuelve a situar el foco sobre los recursos disponibles en Madrid. Servicios Sociales, SAMUR Social y la Agencia de Vivienda Social ofrecen distintas vías según la situación de cada persona.
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada ayer miércoles 23 de septiembre de la vivienda de Retiro en la que había residido durante más de 70 años. La mujer salió en camilla y fue trasladada en una ambulancia del Samur, mientras cientos de personas se concentraban en las inmediaciones. Su caso vuelve a poner el foco sobre los recursos disponibles para las personas vulnerables que afrontan la pérdida de su vivienda en Madrid, con una circunstancia especialmente relevante: Maricarmen no había dejado de pagar el alquiler.
Servicios Sociales y SAER pueden intervenir antes de perder la vivienda
El primer recurso municipal para una persona que conoce que puede perder su vivienda son los Servicios Sociales. Madrid cuenta con centros en sus 21 distritos, con atención mediante cita previa. Esta puede solicitarse en el 010 o en el 914 800 010 desde fuera de la capital, además de por los canales digitales municipales.
El Ayuntamiento dispone también del Servicio de Asesoramiento a la Exclusión Socio Residencial (SAER). Sus líneas de actuación incluyen la atención a personas y familias en riesgo de pérdida de vivienda y la búsqueda de alojamientos alternativos temporales. Los datos municipales de 2026 mantienen ambas líneas de intervención. El servicio puede estudiar la situación socioeconómica y, cuando resulta viable, intervenir para buscar alternativas frente a la pérdida del domicilio.
Quienes atraviesan dificultades para afrontar el alquiler también pueden consultar qué hacer si no pueden pagarlo, ya que actuar antes de que avance el procedimiento permite acudir con mayor margen a los recursos sociales.
SAMUR Social puede actuar cuando existe una urgencia residencial
Si la pérdida de la vivienda deriva en una situación inmediata de desprotección, el recurso cambia. SAMUR Social atiende emergencias y urgencias sociales las 24 horas de los 365 días del año. El acceso ciudadano se realiza a través del 112 y el servicio puede intervenir tanto en domicilios como en la vía pública.
Su red contempla atención social, cobertura de necesidades básicas y recursos de alojamiento. La solicitud de plaza en sus centros de atención también puede canalizarse mediante el 112. Esto no significa que toda persona desahuciada obtenga automáticamente una vivienda permanente. La intervención depende de la valoración social y de las circunstancias concretas de la urgencia.
La Comunidad de Madrid contempla el desahucio para acceder a vivienda por especial necesidad
Otra vía es la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Su procedimiento de adjudicación por especial necesidad incluye expresamente el desahucio entre las situaciones que pueden permitir solicitar una vivienda pública, junto con otros supuestos de vulnerabilidad residencial.
El procedimiento permanece abierto de forma permanente, no exige tasas y requiere cumplir las condiciones establecidas para la adjudicación. La solicitud puede tramitarse electrónicamente o mediante formulario presencial. La Comunidad mantiene además el 012 como canal de información. La existencia de este procedimiento no supone una adjudicación inmediata, ya que deben acreditarse los requisitos exigidos y tramitarse la solicitud.
En Madrid existen además convocatorias específicas de ayudas al alquiler para colectivos vulnerables, aunque sus plazos y condiciones deben comprobarse en cada convocatoria.
La suspensión de un desahucio no es automática aunque exista vulnerabilidad
La normativa estatal mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 determinados mecanismos extraordinarios para solicitar la suspensión de desahucios y lanzamientos cuando existe vulnerabilidad económica y no hay alternativa habitacional. La solicitud se plantea ante el juzgado y está sujeta a los supuestos, requisitos y límites previstos legalmente.
Por tanto, acreditar vulnerabilidad no paraliza por sí mismo cualquier lanzamiento. Importan el tipo de procedimiento, la situación de la vivienda y del propietario, además de las restantes condiciones legales. La norma de 2026 introdujo además una excepción para determinados arrendadores propietarios de dos o menos viviendas. Ante una fecha de lanzamiento, resulta especialmente importante acudir cuanto antes a Servicios Sociales y recibir asesoramiento jurídico sobre el procedimiento concreto.
El caso de Maricarmen muestra además que disponer de alternativas administrativas no garantiza por sí solo que sean adecuadas o aceptadas por la persona afectada. La mujer tenía previsto alojarse temporalmente con familiares después de haber rechazado una plaza de emergencia gratuita en una residencia ofrecida por el Ayuntamiento.
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