La solicitud está abierta de forma permanente para personas con 65 años cumplidos que mantienen autonomía en las actividades básicas, pero cuya situación sociofamiliar impide atenderlas adecuadamente en su domicilio.

Tener autonomía para vestirse, asearse o realizar las actividades básicas del día a día no impide solicitar una plaza en una residencia pública de la Comunidad de Madrid. La Sede Electrónica Regional mantiene abierto de forma permanente este procedimiento, dirigido a mayores autónomos que, por su situación sociofamiliar, necesitan ingresar en un centro residencial. La solicitud no exige el pago de una tasa administrativa.

Quién puede pedir una plaza aunque no tenga reconocida una situación de dependencia

Esta modalidad está destinada específicamente a personas mayores autónomas. La Comunidad de Madrid exige tener 65 años cumplidos y conservar autonomía para las actividades básicas de la vida diaria. También hay que acreditar la residencia en la región durante los dos años inmediatamente anteriores a presentar la solicitud.

El solicitante debe ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. Los ciudadanos de otros países pueden acceder en los supuestos contemplados por los tratados internacionales y la normativa española aplicable. Tampoco se puede padecer una enfermedad infectocontagiosa ni otra que requiera atención hospitalaria permanente y continuada. Es un recurso distinto de las residencias para personas dependientes, sobre las que Madrid Informa ha informado al abordar el nuevo apoyo a las familias de usuarios de centros públicos.

Qué documentos hay que presentar para solicitar la residencia pública

La situación personal y familiar forma parte del procedimiento. De hecho, la documentación exigida incluye tanto un informe social como un informe médico. La Administración también solicita información económica para tramitar y valorar el expediente.

Según la Sede de la Comunidad de Madrid, junto con la solicitud deben prepararse estos documentos:

• Certificado municipal que acredite el empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante los dos años anteriores.
• Declaración de ingresos y bienes en el modelo establecido por la Dirección General del Mayor.
• Certificados de las entidades financieras sobre depósitos, cuentas, activos financieros u otros capitales que hayan generado los rendimientos reflejados en el IRPF.
• Informe social según el modelo establecido por la Administración autonómica.
• Informe médico conforme al modelo oficial.

La Comunidad puede consultar determinados documentos si el interesado lo autoriza. Entre ellos figuran el documento de identidad, la certificación de la Agencia Tributaria relativa al IRPF y el certificado de las pensiones percibidas. Si no existe esa autorización, tendrá que aportarlos el solicitante.

Cómo solicitar la plaza y cuánto tarda la Administración en resolver

La petición se puede tramitar electrónicamente o de manera presencial. Para realizarla por internet, hay que cumplimentar el formulario y disponer de uno de los sistemas de firma electrónica admitidos por la Comunidad de Madrid. Quien prefiera la vía presencial puede descargar el formulario, firmarlo y entregarlo junto con la documentación en alguno de los registros habilitados. Algunas oficinas requieren cita previa.

Los servicios sociales municipales correspondientes al domicilio revisan la solicitud y la documentación y elaboran el informe social. Después, el expediente se remite a la Dirección General competente, que realiza la valoración aplicando el baremo correspondiente. La ficha oficial establece un plazo máximo de resolución de 40 días y señala que el silencio administrativo es desestimatorio. Una vez presentada, su evolución puede consultarse a través de Mis Gestiones en la Cuenta Digital.

El procedimiento permanece abierto durante todo el año y puede iniciarse desde la solicitud electrónica oficial. La ficha administrativa señala que no se pagan tasas por presentar la petición. Ese dato se refiere al trámite: la página consultada no especifica en ese apartado cuál sería, en su caso, la aportación económica vinculada a la estancia.

En qué se diferencia una residencia para autónomos de un piso tutelado

La residencia para mayores autónomos proporciona vivienda permanente y atención integral a personas que no pueden ser atendidas en su domicilio por sus circunstancias sociofamiliares. Los pisos tutelados responden a una necesidad diferente: están orientados a mayores con autonomía personal que carecen de una vivienda en condiciones adecuadas y ofrecen alojamiento, supervisión, teleasistencia y apoyo personal y social.

Por eso, conservar la autonomía no cierra la puerta a los recursos residenciales públicos, aunque cada modalidad responde a una situación distinta. Tampoco deben confundirse con los apartamentos municipales para mayores del Ayuntamiento de Madrid ni con los centros de mayores, que tienen requisitos y finalidades diferentes.

La Comunidad de Madrid dispone además de un buscador para localizar residencias para mayores autónomos, dependientes, pisos tutelados y otros centros financiados públicamente.