Los procedimientos sin resolver aumentaron un 26,8% durante 2025. El Colegio de la Abogacía advierte de retrasos que afectan a despidos, salarios y pensiones de incapacidad.
Reclamar un despido, cobrar salarios pendientes o conseguir una pensión puede convertirse en una espera de años para muchos trabajadores madrileños. Los juzgados de lo Social de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, un 26,8% más que el año anterior. La situación ha llegado hasta el punto de que algunos juicios ya están señalados para 2030, según denunció el Colegio de la Abogacía de Madrid. Un problema que vuelve a cobrar actualidad este 19 de octubre por los testimonios de afectados que llevan años esperando una respuesta judicial.
Los asuntos pendientes en los juzgados de Madrid aumentaron un 26,8% en un año
Las cifras reflejan un problema que continúa creciendo. Durante 2025, los órganos de la jurisdicción social madrileña recibieron 75.532 nuevos asuntos y resolvieron 58.557. Esto significa que ingresaron 16.975 procedimientos más de los que pudieron finalizarse. Respecto a 2019, el volumen de expedientes pendientes ha aumentado un 117,7%, según los datos difundidos por el ICAM.
Detrás de estas estadísticas aparecen reclamaciones por despido, indemnizaciones, salarios impagados y prestaciones de la Seguridad Social. Los 78.518 asuntos representan procedimientos judiciales, no necesariamente el mismo número de trabajadores distintos. Para quienes impugnan un despido, una espera prolongada puede complicar su situación económica y cuestiones como el paro tras una readmisión.
Una trabajadora lleva desde 2023 reclamando una incapacidad permanente absoluta
Uno de los casos publicados este 19 de octubre por El País es el de Leire Pérez, una madrileña de 52 años diagnosticada de cáncer en 2021. La Seguridad Social le reconoció inicialmente una incapacidad permanente total. Sin embargo, las secuelas de su enfermedad la llevaron a solicitar el grado absoluto. Presentó una demanda en 2023 y el juicio se celebró finalmente en marzo de 2026.
Durante aquella vista, su representación legal alcanzó un acuerdo favorable con la Seguridad Social. Sin embargo, según la información publicada, siete meses después continuaba esperando la sentencia que formalizara el resultado del procedimiento. La diferencia económica entre ambos grados resulta importante: la incapacidad permanente total equivale, generalmente, al 55% de la base reguladora, mientras que la absoluta alcanza el 100%. No es el único conflicto sobre estas prestaciones. En Madrid también se ha producido otro reconocimiento judicial de incapacidad después de una denegación administrativa.
Qué pueden hacer los trabajadores ante los retrasos de la justicia laboral
Los problemas de funcionamiento de los tribunales no amplían los plazos legales para reclamar. Quien quiera impugnar un despido dispone, con carácter general, de 20 días hábiles desde el día siguiente a su fecha de efectos. Habitualmente, antes de presentar la demanda, debe solicitarse una conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), salvo las excepciones legales. La presentación de la papeleta suspende el plazo de caducidad, pero este vuelve a computarse según las reglas establecidas.
Para reclamar cantidades salariales pendientes, el plazo general es de un año desde que pudieron exigirse. La Comunidad de Madrid ofrece información sobre estos procedimientos en su servicio oficial del SMAC. Además, quienes ya tengan un procedimiento registrado pueden consultar su estado mediante la Sede Judicial Electrónica, utilizando identificación electrónica. Es recomendable conservar las comunicaciones judiciales y solicitar asesoramiento cuando se produzcan aplazamientos.
La Abogacía reclama refuerzos y el BOE contempla ocho nuevas plazas judiciales
Ante esta situación, el Colegio de la Abogacía de Madrid puso en marcha en septiembre la campaña SOS Social. La iniciativa reclama una respuesta coordinada para reducir las demoras. Entre sus 19 propuestas figuran cubrir vacantes, reforzar las plantillas, mejorar las herramientas tecnológicas y agilizar la ejecución de resoluciones. La institución ha advertido de que algunos procedimientos de incapacidad tienen juicios señalados incluso para 2029 y 2030.
Existen medidas previstas para ampliar la capacidad judicial. El Real Decreto 559/2026, publicado en el BOE, contempla ocho nuevas plazas de la jurisdicción social en la Comunidad de Madrid: siete en la capital y una en Móstoles. Su puesta en funcionamiento está sujeta al calendario establecido entre finales de 2026 y 2027, según la categoría y ubicación. Entretanto, sigue vigente el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, aunque cada retraso debe valorarse según sus circunstancias.
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