Los dispositivos se repartirán en 564 puntos de control de municipios con menos de 20.000 habitantes. La inversión alcanzará los 17 millones de euros.
Circular por determinados accesos de los pueblos madrileños a partir del próximo año, implicará pasar ante cámaras capaces de leer las matrículas de los vehículos. La Comunidad de Madrid concretó el 19 de octubre de 2026 un proyecto para instalar 1.123 cámaras en 564 puntos de control, con una inversión de 17 millones de euros durante cinco años. El despliegue comenzará en el segundo semestre de 2027 y estará dirigido a localidades de menos de 20.000 habitantes, aunque todavía no se ha detallado el reparto por municipios.
Qué municipios de Madrid recibirán las nuevas cámaras de vigilancia
La actuación forma parte del programa Pueblos con Vida, que comprende los 142 municipios madrileños con menos de 20.000 habitantes. El Gobierno autonómico había presentado la iniciativa el pasado 10 de septiembre, durante el Debate del Estado de la Región. La comunicación del 19 de octubre precisó la cifra de dispositivos y el calendario previsto para su instalación.
Sin embargo, la nota oficial no incluye una relación de localidades ni especifica cuántos equipos corresponderán a cada ayuntamiento. Tampoco identifica los accesos o carreteras donde se colocarán. Hay una diferencia importante entre las cifras anunciadas: serán 1.123 cámaras distribuidas en 564 puntos de control, no 1.123 emplazamientos distintos. El proyecto llega después de que se haya cuestionado la presencia de guardias civiles en los municipios pequeños de la región.
Las cámaras permitirán identificar matrículas y detectar incidencias de tráfico
El sistema incorporará tecnología de reconocimiento automático de matrículas para identificar los vehículos que circulen por los puntos vigilados. La información servirá para mejorar la gestión del tráfico y facilitar el trabajo de las policías locales. También permitirá reforzar la coordinación ante posibles incidencias en la circulación. El anuncio no contempla nuevas restricciones generales para entrar en los pueblos ni establece un sistema automático de multas.
El despliegue tendrá una segunda fase destinada a ampliar las posibilidades de vigilancia. Según la Comunidad de Madrid, las imágenes podrán utilizarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intervenir ante incidentes, prevenir situaciones de violencia y colaborar en investigaciones. Ese uso deberá respetar las autorizaciones y condiciones legales correspondientes. Se trata de una actuación diferente del proyecto de cámaras para aparcamientos en Rivas, centrado principalmente en la movilidad urbana.
La Comunidad asumirá los 17 millones de euros y conectará las cámaras con Madrid 112
La gestión del sistema dependerá de los recursos de cada localidad. En los municipios que dispongan de Policía Local, sus agentes se encargarán de gestionar la lectura de matrículas. Cuando no exista este cuerpo municipal, la información podrá integrarse con los servicios de emergencia y el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) de Madrid 112.
La Administración regional asumirá tanto la adquisición de los dispositivos como su mantenimiento y la plataforma tecnológica. También financiará la infraestructura en la nube destinada a almacenar y custodiar las imágenes. Los 17 millones de euros están previstos para un periodo de cinco años. Por ahora, no se ha comunicado un calendario individualizado que permita saber cuándo comenzarán a funcionar las cámaras de cada pueblo.
Qué límites tendrá la videovigilancia y cómo se protegerá la privacidad de los vecinos
La utilización policial de cámaras fijas en espacios públicos está regulada por la Ley Orgánica 4/1997. Esta norma exige autorización previa de la Delegación del Gobierno, con un informe de la correspondiente comisión de garantías. También establece criterios de proporcionalidad para proteger la intimidad de los ciudadanos. La vigilancia debe responder a finalidades justificadas y la población tiene derecho a recibir información sobre la existencia de estos dispositivos y la autoridad responsable.
La legislación establece, como regla general, la destrucción de las grabaciones policiales en un mes, salvo las excepciones previstas para investigaciones y determinados procedimientos. No obstante, la comunicación autonómica todavía no precisa los periodos de conservación de los registros de matrículas ni las condiciones concretas de acceso a esos datos. Los vecinos pueden consultar los detalles publicados en la nota de prensa oficial de la Comunidad de Madrid.
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